¿Qué más podemos hacer?, ¿son todas las medidas adoptadas de efectividad a largo plazo?, ¿las intervenciones actuales pueden mejorar?, ¿dónde se encuentran las mayores dificultades los técnicos que actúan de manera directa con esta problemática?, ¿qué necesidades siguen sin cubrirse?,¿cómo se aborda desde otros países?, ¿por qué siguen manteniéndose las cifras?…
Considerar la Violencia de
Género como un problema social es relativamente reciente, tal y como señala
Gracia en 2002. Lo cierto es que tras iniciarse el interés científico por este
fenómeno tuvieron que pasar más de 20 años para que las organizaciones
internacionales y algunos gobiernos lo consideraran un problema de salud
pública y un verdadero abuso de los derechos humanos (American Medical
Association 1994; Consejo Europeo 2002; OMS 2002, Lila 2010).
En 1995 la ONU plantea como
objetivo prioritario la lucha contra la Violencia dirigida a las mujeres y en
1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la violencia doméstica prioridad internacional para los
servicios de salud. Ese mismo año, en 1998, España elabora el primer “Plan de
acción contra la Violencia Doméstica” en el que considera la violencia
doméstica como un problema de estado (Fernández et al., 2003) y algunos
recursos públicos especializados en evaluación e intervención comienzan a abrir
sus puertas.
En la actualidad contamos
con medidas institucionales y profesionales, sociales, políticas, judiciales o
policiales con el único fin de erradicar este tipo de violencia.
Lo cierto es que nos
encontramos frente a una problemática de dimensión global que a pesar de las
diversas medidas que se implementan mantiene una elevada incidencia, incluso en
contra de lo que esperamos y deseamos en las generaciones más jóvenes. Éste es
sin duda uno de los debates de primer orden planteado en los círculos
profesionales y sociales hoy en día.
He tenido la oportunidad de
conocer grandísimos profesionales implicados en combatir esta lacra desde
diferentes frentes, siendo sus aportaciones, ilusiones y esperanzas de cambio fundamentales
para alcanzar logros diarios. Pero no es suficiente, las cifras lamentablemente
lo delatan y quienes trabajamos diariamente en esta área lo sabemos.
El abordaje actual cuenta
con planes de prevención comunitarios y escolares, protocolos sanitarios que se
activan ante una posible sospecha o certeza de que hay una situación de violencia
de género, cuerpos y fuerzas de seguridad especializados que pueden actuar de
oficio o que velan por la seguridad y protección de las víctimas, dispositivos electrónicos de protección, oficinas de asistencia
a las víctimas, juzgados y fiscales especializados, juicios rápidos, centros de
evaluación e intervención de urgencia, teléfonos de asistencia y asesoramiento,
programas de intervención con hombres penados en centros penitenciarios (en
España activos desde el año 2001), aquellos desarrollados como medidas penales
alternativas a la prisión (para el supuesto de suspensión y el de sustitución
de la pena privativa de libertad) o los del acceso voluntario y desarrollados
en el contexto comunitario (en España ofrecidos por ONGs, Ayuntamientos o
Comunidades Autónomas), prestaciones económicas específicas o red de centros de
acogida de urgencia, entre muchos otros que amplían este breve enumeración.
Una vez más, NO ES SUFICIENTE. Así es.
En la medida en que estamos
ante un problema social que produce un desajuste global del sistema personal,
familiar y social se precisa de una respuesta a la problemática integral y
técnicamente interdisciplinar que implica a una gran diversidad de organismos e
instituciones y servicios.
Se ha avanzado mucho en
relativamente poco tiempo en este sentido si bien, desde mi punto de vista, valoro la necesidad de perfeccionar y dotar de los medios y recursos suficientes
a cada uno de estos agentes de cambio que intervienen directamente con esta
problemática. De este modo lo que ya se hace se podría hacer mucho mejor.
En segundo lugar, creo que es primordial revisar la burocracia actual vinculada a esta problemática con el
fin de optimizar los procesos, reducir los tiempos y no duplicar o triplicar documentos con los mismos datos. Reducir la burocracia a lo estrictamente esencial supone ganar tiempo y esfuerzo que puede dedicarse a lo verdaderamente relevante.
En tercer lugar, considero
que es fundamental articular una coordinación, entre todos los agentes que intervienen, real y mucho
más efectiva que trascienda con creces las comisiones puntuales, los intercambios de
experiencias o los convenios de colaboración. A la vista está que no basta con
las coordinaciones/comunicaciones existentes entre los diferentes agentes de cambio para que
el engranaje funcione de forma efectiva tal y como potencialmente podría hacerlo. Cada uno aislada o estancadamente conoce una parcialidad del problema.
Sería conveniente que los
diferentes organismos implicados, las propias consejerías (fundamentalmente
sanidad, educación, justicia y bienestar social), ministerios, gobierno central
o equipos de investigación trabajaran coordinadamente de forma fluida y rápida
de tal modo que aumentara su capacidad de respuesta y se agilizaran los
procedimientos e intervenciones. Sin
ninguna duda una pobre coordinación entre los existentes recursos implica
pérdida de oportunidades de actuación o incluso pérdida de información
determinante y clave para la adecuada resolución de algunos casos.
Considero fundamental pasar
de la eminente verticalidad de los organismos y servicios donde la información
trasciende entre elementos jerárquicos
ascendentes o descendentes a una articulación más dinámica entre los diferentes
recursos que intervienen, complementaria a la anterior, que permitiera una
mayor flexibilidad y un acceso a la información más rápido.
¿Podría
un organismo disponer de la información que otro organismo tiene para realizar
una valoración de riesgo más completa (policía, unidades de valoración de víctimas,…)?,
¿podría bienestar social a través de programas de prevención acceder
directamente a aquellos casos en los que educación detecta sistema de creencias
y valores especialmente vulnerable?, ¿podría un equipo de investigación, de una
universidad por ejemplo, acceder a la base de datos de un organismo público o
disponer de una fuente activa de un servicio para realizar investigaciones con
el fin de optimizar las intervenciones?, ¿podría un juzgado especializado en
violencia de género considerar de forma excepcional el estado de la
intervención terapéutica o del proceso de recuperación de una víctima para
agilizar el proceso y evitar la re-victimización?,…
FOTOS:http://culturadelalegalidad.org.mx/blog/educacion-social-y-educador-social/
Y en cuarto y último lugar,
si estamos ante un problema social, que anteriormente se consideraba un
problema privado, quizás concienciar a la familia y comunidad de la
responsabilidad que tienen es una de las asignaturas pendientes que tenemos, ya
que focalizando únicamente en la atención e intervención de la víctima (lógicamente
absolutamente primordial) sin considerar la relevancia que tiene su entorno
inmediato, o la intervención con el agresor, supone una intervención
incompleta.
Lo
cierto es que se hace mucho pero hay que hacer más y hacerlo mejor. Un
análisis completo del abordaje actual (qué hacemos desde cada recurso, cómo lo
hacemos y muy especialmente qué resultados obtenemos/índice de calidad) permitiría tomar conciencia de las duplicidades de servicios y de las
lagunas que sin duda hay, así como sacar un mayor rendimiento del engranaje con
el que contamos. Aprovechemos la voz y el buen hacer de los profesionales que día a día siguen plantando cara a esta barbarie, desde sus áreas
de especialidad y a pie de campo, ya que seguramente son quienes primero detectan las insuficiencias del abordaje actual en su parcela profesional y a su vez quienes pueden ofrecer las propuestas más interesantes. Puede que escucharles sea la clave.
Bibliografía consultada:
-Echeburúa, E. y Corral, P. (1998). Manual de violencia familiar. Madrid: Siglo XXI
-Geldschläger, H., Beckmann, S., Jungnitz, L., Puchert, R., Stabingis, A.
J., Dully, C., …
Schweier, S. (2010).
Programas europeos de intervención para hombres que ejercen
violencia de género:
panorámica y criterios de calidad. Intervención Psicosocial, 19,
181-190.
-Lila, M. (2009).
Intervención con hombres penados por violencia contra la mujer: el
Programa Contexto. En
F. Fariña, R. Arce y G. Buela-Casal (Eds.), Violencia de género.
Tratado psicológico y
legal (pp. 210-220). Madrid: Biblioteca Nueva
-Lila, M., García, A. y
Lorenzo, M. V. (2010). Manual de intervención con maltratadores.
Valencia: Servicio de Publicaciones de la Universidad
Valencia: Servicio de Publicaciones de la Universidad
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